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Tribunal bloquea a Trump en su intento de imponer amplios aranceles de emergencia

Nueva York, EE. UU. — Un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Nueva York dictaminó el miércoles que el presidente Donald Trump no puede aplicar ampliamente aranceles a las importaciones bajo una ley de poderes de emergencia, generando un revés en su política económica y dejando en duda su capacidad para seguir usando esas medidas para influir en la economía mundial.

La decisión ocurrió después de varias demandas que argumentaban que los aranceles del «Día de la Liberación» superaban la autoridad presidencial y amenazaban la estabilidad del comercio global. Los jueces consideraron que el uso de estos aranceles dependía de caprichos, y no de una autoridad legal clara, afectando potencialmente la relación comercial con socios clave y generando temores de una mayor inflación y deterioro económico.

Trump había defendido que estos aranceles buscaban recuperar empleos en manufactura, reducir el déficit presupuestario y presionar a otros países a negociar en condiciones favorables a EE. UU. Sin embargo, el fallo limita esas acciones, indicando que para imponer estas tarifas de forma general, sería necesaria la aprobación del Congreso, algo que aún no ha ocurrido.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó que los déficits comerciales son una emergencia nacional que ha perjudicado a las comunidades y trabajadores estadounidenses, y que la administración continúa comprometida en usar los recursos del poder ejecutivo para resolver la situación. Sin embargo, por ahora, Trump no podrá aplicar estos aranceles de emergencia de manera unilateral, lo que representa un freno a sus propuestas para influir en la economía global.

El fallo señala que el presidente podría imponer temporalmente un arancel del 15% durante 150 días a determinados países con altos déficits comerciales, siguiendo el Artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, pero sus amplias medidas de protección se encuentran en pausa. La decisión abre un debate sobre los límites del poder presidencial en la política comercial y su impacto en la economía de Estados Unidos y el mundo.

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