En una reciente alerta emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), se ha revelado que cárteles mexicanos, incluyendo De Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Del Golfo, están utilizando pequeñas empresas fachada en el sector de petróleo y gas natural para contrabandear y vender crudo robado a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la frontera sur de Estados Unidos.
La alerta, publicada el 1 de mayo, detalla cómo estos grupos criminales etiquetan falsamente el combustible como “aceite usado”, que luego es vendido a través de intermediarios estadounidenses a empresas locales e internacionales, incluyendo la referencia de petróleo crudo West Texas Intermediate. Este método les permite evadir regulaciones e impuestos, mientras que el crudo robado es transportado en camiones cisterna que indican llevar materiales no peligrosos.
Tras cruzar la frontera, el petróleo robado se deposita en tanques de almacenamiento operados por empresas estadounidenses, bajo el control de intermediarios mexicanos o importadores cómplices. Según las estimaciones de FinCEN, los importadores de petróleo robado obtienen ganancias superiores a 5 millones de dólares por cada envío enviado desde Estados Unidos a otros países, con varios buques cisterna en ruta mensualmente.
FinCEN advierte que los pagos de estos importadores a sus homólogos mexicanos son disfrazados como facturas relacionadas con aceite usado u otros materiales, lo que complica la identificación del contrabando de petróleo. Este esquema ha permitido a los cárteles asegurar un flujo significativo de ingresos no relacionados con el narcotráfico, manteniendo así sus operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Este grave problema ha llevado al Departamento del Tesoro a instar a las instituciones financieras estadounidenses a estar atentas a actividades sospechosas relacionadas con el contrabando de petróleo robado. La alerta destaca la necesidad de evaluar detenidamente las transacciones que ingresan a la economía estadounidense, especialmente aquellas que involucran a los cárteles identificados.
Además, FinCEN recuerda que, a pesar de ser un país productor de petróleo, México no tiene la capacidad de refinar todo el crudo producido por Pemex, lo que crea un ambiente propicio para el contrabando y el aprovechamiento por parte de los cárteles. Este fenómeno ha contribuido a la corrupción y a actos de violencia en México, incluyendo explosiones catastróficas en oleoductos debido a perforaciones ilegales.
En respuesta a la creciente amenaza que representan los cárteles para la seguridad nacional, en enero de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró una emergencia en la frontera suroeste y emitió una orden ejecutiva para designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
El Departamento del Tesoro ha reafirmado su compromiso de perseguir estas organizaciones y sus afiliados en virtud de su autoridad en sanciones antinarcóticos y antiterroristas, enfatizando que se continuarán utilizando todos los recursos posibles para contrarrestar los flujos de ingresos ilícitos provenientes de la actividad delictiva.
