Washington, DC — El gobierno de Estados Unidos anunció que, a partir del próximo domingo 9 de junio, entrará en vigor una nueva política que restringirá el ingreso de ciudadanos de 12 países, tras la aprobación en el Congreso y en medio de una fuerte reacción internacional. La medida prohíbe la entrada a quienes proceden de naciones cuyos ciudadanos no cumplen con los requisitos de seguridad y de control migratorio, afectando a países como Venezuela, Cuba, Irán, Nicaragua, principalmente, entre otros.
Diversas autoridades y organizaciones en todo el mundo han manifestado su rechazo; países y organismos internacionales advierten que estas restricciones no solo afectan los derechos humanos sino que también afectan las relaciones diplomáticas y comerciales. La Unión Europea, por ejemplo, ha señalado que estas políticas generan división y pueden perjudicar la cooperación internacional en materia de migración y seguridad.
Organizaciones de derechos humanos y sector turismo han declarado que estas restricciones amenazan las economías y la movilidad de las comunidades migrantes, muchas de ellas con familiares en EE.UU. UU., quienes estaban en proceso de reunión o colaboración en ámbitos internacionales. Líderes en países latinoamericanos y asiáticos han condenado que esta política, similar a la aplicada en el primer mandato de Trump en 2017, busca limitar el ingreso de personas sin controles claros que evidencian amenazas reales.
Desde hace años, las restricciones migratorias en EE.UU. UU. han sido fuente de controversia, especialmente para países cuyos ciudadanos tienen relaciones familiares y laborales en el país. La medida se suma a una serie de políticas restrictivas impulsadas por la administración estadounidense, en un contexto en el que muchos temen una mayor fragmentación internacional y la violación de derechos básicos de millones de personas.
