LONDRES— En un nuevo capítulo de la volatilidad política británica, Andy Burnham asumió formalmente el cargo de primer ministro del Reino Unido tras ser investido por el rey Carlos III. El exalcalde de Gran Manchester se convierte en el séptimo gobernante del país desde 2016, asumiendo el liderazgo del Partido Laborista tras la renuncia de Keir Starmer, quien dejó el poder forzado por su propia bancada tras apenas dos años de gestión y una notable pérdida de respaldo popular.
Desde las puertas del número 10 de Downing Street, Burnham reconoció la inestabilidad institucional que ha vivido la nación y propuso un plan de diez años orientado a reactivar la economía y descentralizar el poder hacia los gobiernos locales. Su discurso marcó una ruptura ideológica con las últimas cuatro décadas, prometiendo revertir los efectos de las privatizaciones iniciadas en los años 80 y devolver el control público sobre los servicios básicos para mitigar la crisis del costo de vida.
Un gabinete sorpresivo y retos internacionales
El nuevo jefe de Gobierno inició su mandato reconfigurando el aparato económico y diplomático del Reino Unido en un intento por recuperar la confianza ciudadana.
- Giro en el Tesoro: En su primera decisión relevante, Burnham nombró a John Healey como ministro de Hacienda. Healey, exsecretario de Defensa que había dimitido recientemente por desacuerdos presupuestarios, reemplaza a Rachel Reeves, pieza clave en la estrategia financiera del gobierno anterior.
- Renovación interna: La reestructuración incluyó la salida de figuras de alto perfil del gabinete previo, como el ahora exviceprimer ministro David Lammy.
- Agenda exterior: En el plano internacional, el mandatario sostuvo una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, en la cual ratificó el compromiso británico en materia de defensa y seguridad colectiva.
Burnham, quien logró el respaldo de 379 de los 403 diputados laboristas al presentarse como candidato único, adelantó que presentará medidas fiscales inmediatas para aliviar la economía familiar, bajo la promesa de no asumir riesgos financieros que desestabilicen aún más las arcas públicas.
