La banda regional mexicana Los Alegres del Barranco se encuentra en la mira de las autoridades federales luego de un controvertido incidente ocurrido el 29 de marzo de 2025, durante un concierto en el Auditorio Telmex. En este evento, la agrupación interpretó la canción “El del Palenque” mientras se proyectaban imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este hecho provocó una fuerte reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien instó a los exponentes del género regional a ser más conscientes sobre los mensajes que transmiten, especialmente en relación con los narcocorridos, un estilo musical ligado a la violencia en el país.
Como resultado inmediato, el gobierno de Estados Unidos tomó medidas drásticas, revocando las visas de trabajo y turismo de los integrantes de la banda. Las autoridades estadounidenses han manifestado su intención de prohibir la entrada al país de artistas que glorifiquen a criminales a través de su música, poniendo en peligro futuras presentaciones en territorio estadounidense.
Mientras tanto, la banda enfrenta un panorama legal complejo, ya que un juez mexicano ha dictado medidas cautelares que impiden a los músicos salir del estado de Jalisco. Además, se ha exigido una garantía económica de 1 millón 800 mil pesos para que puedan continuar su proceso en libertad.
A pesar de las dificultades, ha surgido información que apunta a que Los Alegres del Barranco sí tienen programadas presentaciones en Estados Unidos, específicamente en Tulsa, Oklahoma, lo que ha generado incertidumbre sobre su situación legal. A la par, se ha autorizado a la banda a interpretar narcocorridos en futuras presentaciones en Michoacán, a pesar de que varios eventos en ese estado han sido cancelados recientemente debido a la controversia. La banda prepara un show para el 30 de mayo en Tziritzicuaro, Jalisco.
Este avance se ha logrado gracias al juicio de amparo 518/2025, promovido por el representante legal de la agrupación, que argumentó que la prohibición afecta el derecho a la libertad de expresión. El juez Primero de Distrito, Sergio Santamaría Chamú, concedió una suspensión provisional al decreto que vetaba la interpretación de música con apología del delito en eventos públicos, lo que impide que se implementen acciones judiciales contra la banda durante sus presentaciones.
La situación de Los Alegres del Barranco resalta la complejidad de la relación entre la música popular y la crítica social en México, así como el constante debate sobre la libertad de expresión y las implicaciones legales que enfrentan los artistas en un contexto afectado por la violencia y el narcotráfico. La atención está puesta en cómo se desarrollarán los próximos eventos y los posibles impactos en la carrera de la banda.
