La diputada María Fernanda de la Barreda Angon presentó una iniciativa para regular el servicio de valet parking en Puebla, con el objetivo de brindar mayor seguridad, certeza y protección a las personas usuarias.
La propuesta plantea reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado para establecer reglas claras sobre la recepción, conducción, resguardo y devolución de vehículos, así como obligaciones específicas para quienes prestan este servicio.
Actualmente, al entregar un automóvil y sus llaves a un acomodador, las personas dejan temporalmente su patrimonio bajo responsabilidad de un tercero, sin bases estatales comunes que garanticen información clara.
Servicio libre y con reglas claras
De acuerdo con la iniciativa, el valet parking deberá ser libre y opcional, por lo que ningún establecimiento podrá condicionar el acceso, permanencia o prestación de sus servicios a su contratación.
Entre los derechos propuestos se incluye conocer previamente la tarifa y condiciones del servicio, recibir un comprobante físico o electrónico, identificar al prestador y saber dónde será resguardado el vehículo.
También se plantea que las personas usuarias tengan información básica sobre la póliza de seguro y puedan exigir que el automóvil sea conducido por personal registrado, identificado y con licencia vigente.
La iniciativa contempla mecanismos accesibles para presentar reclamaciones, quejas o denuncias en caso de daño, robo, pérdida o cualquier incidente relacionado con la prestación del servicio.
Buscan ordenar el espacio público
Los prestadores deberán contar con autorizaciones municipales, seguro vigente, personal identificado y lugares autorizados para el resguardo de vehículos, además de informar de inmediato cualquier siniestro o irregularidad.
Otro objetivo es evitar dobles filas, obstrucción de banquetas, cruces peatonales, ciclovías, espacios para personas con discapacidad, paradas de transporte público o accesos de emergencia.
La propuesta también prohíbe que los vehículos recibidos sean estacionados o resguardados en la vía pública, con el fin de mejorar la movilidad y proteger el espacio público.
Asimismo, fortalece las facultades de los ayuntamientos para autorizar áreas de recepción y devolución, integrar padrones, realizar verificaciones, recibir quejas e imponer sanciones o revocar autorizaciones.
María de la Barreda subrayó que la iniciativa no busca prohibir el servicio, sino establecer un piso mínimo de seguridad, transparencia y responsabilidad para quienes entregan las llaves de su vehículo.
