SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE. (19 de abril, 2026) — Como resultado de los actos de investigación, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Jorge Alberto N., de 25 años, por su probable responsabilidad en el delito de robo agravado. Los hechos que se le imputan ocurrieron en el centro comercial Lomas de Angelópolis, perteneciente a este municipio.
Antecedentes del Ilícito
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el robo fue perpetrado el 11 de octubre de 2025 en el establecimiento “Luxury Gold”:
- Mecánica de los Hechos: Un grupo de ocho personas, de las cuales al menos dos portaban armas de fuego, ingresó a la joyería para sustraer mercancía.
- Monto de lo Robado: El valor de las piezas sustraídas asciende a más de 10 millones de pesos.
- Participación del Imputado: Las investigaciones establecieron que Jorge Alberto N. participó en la planeación del robo. Se determinó que acudió previamente al local para verificar la disponibilidad de piezas específicas y mantuvo coordinación telefónica con los autores materiales durante la ejecución del delito.
Proceso Judicial y Medidas Cautelares
Tras el avance de las diligencias, la autoridad judicial procedió conforme a las etapas del sistema de justicia penal:
- Aprehensión: El pasado 10 de abril de 2026 se cumplimentó la orden de detención contra el señalado.
- Audiencia Inicial: El 13 de abril, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que sustentan la acusación.
- Resolución Judicial: El 17 de abril de 2026, el juez de control determinó la vinculación a proceso, imponiendo la medida de prisión preventiva oficiosa.
- Investigación Complementaria: Se estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de las indagatorias antes de proceder a la siguiente etapa procesal.
Compromiso con la Justicia
La Fiscalía General del Estado reafirmó su compromiso de mantener acciones firmes en la investigación de delitos patrimoniales de alto impacto. La desarticulación de células dedicadas al robo con violencia en zonas comerciales es una prioridad para garantizar la seguridad jurídica y el patrimonio de los establecimientos y ciudadanos en la entidad. Con esta vinculación, se busca que los responsables de afectar el orden social enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
