Ciudad de México — La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que interpuso recursos legales para revertir la resolución de una jueza federal que en 2014 rechazó la apertura de una investigación contra la exfuncionaria Judith Aracely Gómez, por la adquisición ilícita del software Pegasus durante la gobierno de Enrique Peña Nieto. La compra, por la cual se pagaron 460 millones de pesos sin las debidas garantías, permitirá espiar a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, y otros actores relevantes.
El órgano acusó que, tras más de dos años de retraso, la jueza Alejandra Domínguez Santos negó en 2016 la vinculación a proceso y la investigación en contra de Gómez, a pesar de las evidencias sobre la compra ilegal y el daño patrimonial a la institución pública. La Fiscalía señala que la exfuncionaria participó en la operación sin que se demostrara una necesidad real, y que la compra afectó gravemente los recursos públicos, sin justificar la confidencialidad o la urgencia.
Además, la FGR informó que también presentó una demanda contra la jueza por su actuación en el caso, acusándola de haber obstaculizado la justicia y vulnerado el debido proceso. La resolución de la juez de no vincular a Gómez fue considerada “arbitraria”, y en respuesta, la Fiscalía interpuso recursos de apelación y abrió una investigación contra la magistrada por posible delito de daños a la administración de justicia.
Este caso forma parte de una serie de investigaciones que en 2021 revelaron que, durante el sexenio pasado, en México se intervinieron más de 15,000 teléfonos con Pegasus, afectando a activistas, periodistas, políticos, including a López Obrador y sus colaboradores. La compra ilegal de estos dispositivos continúa siendo uno de los mayores escándalos en materia de espionaje y corrupción en la historia reciente del país.
Ciudad de México — La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que interpuso recursos legales para revertir la resolución de una jueza federal que en 2014 rechazó la apertura de una investigación contra la exfuncionaria Judith Aracely Gómez, por la adquisición ilícita del software Pegasus durante la gobierno de Enrique Peña Nieto. La compra, por la cual se pagaron 460 millones de pesos sin las debidas garantías, permitirá espiar a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, y otros actores relevantes.
El órgano acusó que, tras más de dos años de retraso, la jueza Alejandra Domínguez Santos negó en 2016 la vinculación a proceso y la investigación en contra de Gómez, a pesar de las evidencias sobre la compra ilegal y el daño patrimonial a la institución pública. La Fiscalía señala que la exfuncionaria participó en la operación sin que se demostrara una necesidad real, y que la compra afectó gravemente los recursos públicos, sin justificar la confidencialidad o la urgencia.
Además, la FGR informó que también presentó una demanda contra la jueza por su actuación en el caso, acusándola de haber obstaculizado la justicia y vulnerado el debido proceso. La resolución de la juez de no vincular a Gómez fue considerada “arbitraria”, y en respuesta, la Fiscalía interpuso recursos de apelación y abrió una investigación contra la magistrada por posible delito de daños a la administración de justicia.
Este caso forma parte de una serie de investigaciones que en 2021 revelaron que, durante el sexenio pasado, en México se intervinieron más de 15,000 teléfonos con Pegasus, afectando a activistas, periodistas, políticos, including a López Obrador y sus colaboradores. La compra ilegal de estos dispositivos continúa siendo uno de los mayores escándalos en materia de espionaje y corrupción en la historia reciente del país.
