CIUDAD DE MÉXICO (30 de abril, 2026) — En un posicionamiento firme durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que no permitirá la intromisión de gobiernos extranjeros en asuntos de competencia nacional. Al abordar la solicitud de extradición de funcionarios mexicanos, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, la mandataria condicionó la respuesta de su gobierno a la existencia de evidencias sólidas.
Soberanía y Debido Proceso
La titular del Ejecutivo dio lectura a un comunicado oficial donde estableció los principios que regirán la actuación del Estado mexicano:
- Defensa de la Soberanía: Subrayó que bajo ningún motivo se permitirá la injerencia de Washington en decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo de México.
- Rol de la FGR: Precisó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la autoridad encargada de determinar, bajo las leyes mexicanas, si existen elementos para proceder con aprehensiones o extradiciones.
- Cero Impunidad: Reiteró que su gobierno no protegerá a nadie si se encuentran elementos que infieran responsabilidad penal.
Cuestionamientos a la Motivación de EE. UU.
Sheinbaum Pardo calificó el hecho como un suceso inédito en la historia de la relación bilateral, al tratarse de solicitudes contra un gobernador, un presidente municipal y un senador en funciones.
- Falta de sustento: La presidenta cuestionó la calidad de las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia de EE. UU., mencionando que el único elemento difundido son imágenes de supuestos sobornos escritos a mano en una hoja de papel.
- Objetivo Político: Ante la debilidad de dichas evidencias, la mandataria sentenció: “si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”.
Postura Institucional
La posición de la Presidencia de la República se resume en tres ejes rectores: Verdad, justicia y defensa de la soberanía. La jefa del Ejecutivo concluyó que, si bien se actuará conforme a derecho si se reciben pruebas contundentes e irrefutables bajo la jurisdicción mexicana, no se cederá ante procesos que parezcan estar motivados por intereses ajenos a la justicia.
A continuación, el documento íntegro de la posición de la mandataria:
“Al pueblo de México. El 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos.
“El 29 de abril, la misma Secretaría, de acuerdo con el marco normativo vigente, turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República para la evaluación de dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.
“El miércoles 29 de abril, al mediodía, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York, hizo público el levantamiento de cargos, contra 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra el gobernador en funciones de Sinaloa, el senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán.
“Anexo a esta acusación, publicó un documento denominado en español, ‘Acusación de reemplazo bajo reserva’. Esto llevó a un extrañamiento del jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales, acorde con los tratados en la materia.
“Ayer por la tarde, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que establece lo siguiente: ‘con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicadas en la materia, es obligación de la fiscalía a través de la fiscalía especial para asuntos internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin, y en su caso sobre la viabilidad de la solicitud’.
“De manera paralela, la Fiscalía General de la República señaló que iniciará una investigación para llegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadunidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
“La propia Fiscalía General de la República estableció que la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión, se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.
“Desde que asumí la presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes. Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo.
“Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía, es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.
“Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito.
“Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía, esta es nuestra posición”.
