Un magistrado de un tribunal colegiado federal ratificó la suspensión definitiva del proceso penal seguido formalmente contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.
La firme medida judicial frena temporalmente la etapa intermedia del juicio penal iniciado por presuntas conductas delictivas relacionadas directamente con el ámbito del combustible.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México declaró infundado el recurso legal promovido oportunamente por la Fiscalía General de la República.
Con este fallo técnico, la autoridad jurisdiccional decidió mantener la firme protección que congela temporalmente la acusación formulada por todas las autoridades ministeriales federales.
Permanencia en el penal de máxima seguridad
Pese a la resolución favorable otorgada por el órgano juzgador, el exmandatario estatal continuará privado de su libertad personal dentro del centro penitenciario federal.
Ernesto Ruffo seguirá internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permanece recluido mientras concluyen exhaustivamente todos los diversos trámites legales pendientes.
La defensa legal del imputado solicitó previamente la modificación de la medida cautelar impuesta, requiriendo prisión domiciliaria debido a sus setenta y cuatro años.
Asimismo, los abogados defensores argumentaron delicadas complicaciones de salud para justificar el cambio de internamiento; sin embargo, esta petición no alteró su reclusión actual.
Las autoridades judiciales correspondientes aclararon que el amparo otorgado frena la continuación del procedimiento penal pero no constituye una exoneración definitiva para dicho acusado.
Acusaciones y señalamientos de persecución
La fiscalía federal señala al expolítico por su presunta participación directa dentro de una red de contrabando de hidrocarburos, conducta conocida como huachicol fiscal.
Las imputaciones formuladas señalan una posible vinculación directa con la delincuencia organizada para ingresar ilegalmente abundante combustible al territorio nacional sin pagar impuestos correspondientes.
Ante estas graves acusaciones, familiares del exgobernador y diversos líderes de partidos opositores han catalogado públicamente la detención como un acto de persecución política.
Sostienen que el caso responde únicamente a motivaciones de carácter partidista, mientras las autoridades judiciales determinan el futuro legal dentro de los juzgados correspondientes.
