Puebla, Pue., 27 de agosto de 2025 — Con base en una nota de Edgar Ávila Pérez, publicada en El Universal el pasado miércoles 26 de agosto, la puesta en marcha de un nuevo pozo en Xoxtla, que busca abastecer a la zona sur de la ciudad de Puebla y garantizar el derecho humano al agua, se encuentra actualmente en la cuerda floja debido a la oposición de un grupo de activistas que argumentan que la perforación afectará los mantos freáticos. La suspensión de las obras, prevista para atender la demanda de agua de más de 350 mil habitantes en la capital poblana, mantiene en incertidumbre el suministro en la zona sur de la ciudad y en este municipio con graves carencias en agua potable.
El proyecto, alineado al Plan Nacional Hídrico para garantizar la seguridad hídrica y el bienestar social, sería una de las obras clave para mitigar el grave problema de desabasto en localidades con historia de mala gestión por parte de un Comité Privado, que actualmente cobra por los servicios sin encargarse del mantenimiento ni la operación adecuada de los pozos existentes. La iniciativa busca que, con una inversión superior a los 27 millones de pesos, el nuevo pozo produzca entre 40 y 50 litros por segundo, beneficiando a miles de habitantes en Xoxtla y en la zona de la capital más vulnerables.
El sistema actual en el municipio cuenta con seis pozos, de los cuales tres abastecen a la comunidad local, con un caudal de 46 litros por segundo, pero presentan deficiencias en su operación y mantenimiento, lo que afecta la calidad y cantidad del agua suministrada. La extracción del pozo propuesta sería compartida, con los sobrantes destinados a Puebla, en un esquema en el que la inversión y operación estarían a carga del Sistema Agua de Puebla, eliminando la carga económica y operativa del municipio.
La oposición, encabezada por activistas y comunidades que han protestado en el pasado contra empresas como Bonafont, Granjas Carroll y concesionarias de residuos en Cholula, asegura que la perforación del pozo podría agotar los mantos freáticos y causar daños ecológicos irreversibles. Sin embargo, especialistas y organismos técnicos han aclarado que los estudios disponibles indican que la extracción prevista no afectaría los acuíferos, ya que solo un 15 por ciento del agua extraída de los pozos es para uso urbano, mientras que el 80 por ciento se destina a actividades agrícolas.
A pesar de ello, la paralización de las obras ha generado versiones encontradas: mientras que algunos sectores consideran que el proyecto afectará la sustentabilidad del acuífero, otros afirman que la obra es vital para garantizar el derecho al agua y evitar el grave desabasto que sufren muchas localidades, incluyendo la propia cabecera de Xoxtla, donde el 40 por ciento de la población recibe agua de forma deficiente y solo la mitad tiene un servicio regular.
El conflicto revela las tensiones entre el crecimiento urbano, los derechos ciudadanos y la protección del medio ambiente. La decisión final sobre la reanudación de la perforación aún está en debate, pero los expertos coinciden en que el proyecto, alineado a las políticas nacionales, representa una oportunidad para consolidar un sistema hídrico sostenible y justo para toda la población poblana.
