La Heritage Foundation, un influyente centro de estudios de tendencia conservadora, ha desarrollado el Proyecto 2025, una hoja de ruta para reestructurar radicalmente el gobierno federal en caso de una segunda presidencia de Donald Trump. Este plan, que cuenta con el apoyo de numerosos exfuncionarios de la administración Trump y otros grupos conservadores, propone cambios que pondrían en riesgo derechos constitucionales y libertades civiles de los estadounidenses, incluyendo la reducción del acceso al aborto, la eliminación de derechos LGBTQ, y políticas antimigratorias y racistas.
El documento, titulado “Mandato para el Liderazgo”, se extiende por 900 páginas de recomendaciones para desmontar agencias clave del gobierno y modificar leyes en ámbitos como la inmigración, salud, educación y justicia social. Entre las propuestas más extremas, destaca la revivificación de la Ley Comstock del siglo XIX, que impediría la distribución de medicamentos y materiales abortivos, así como la revocación de la aprobación de la mifepristona por la FDA, limitando aún más el acceso al aborto legal.
El Proyecto 2025 cuenta con el respaldo de figuras como Pam Bondi, fiscal general de Florida, quien defendió las políticas antimigratorias y restrictivas en su estado y ha trabajado para implementar las propuestas del plan; Russell Vought, exdirector de la Oficina de Administración y Presupuesto, quien liderará la implementación de la agenda en todo el gobierno; y Martin Makary, comisionado de la FDA, vinculado a grupos que promueven la desinformación antiabortista y abogan por reducir el gasto en atención médica. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advierte que muchas de estas propuestas son inconstitucionales y afectarán derechos fundamentales, y asegurará que utilizará todas las herramientas legales y sociales para defender la democracia y los derechos civiles frente a estos cambios peligrosos.
