PUEBLA, Pue. — Con el objetivo de contrarrestar nuevas modalidades delictivas y robustecer la democracia, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un paquete de iniciativas enfocadas en la seguridad ciudadana, el combate al fraude vial y la transparencia en las urnas.
Castigo penal al «marcaje» bancario
La primera propuesta plantea modificar el artículo 481 del Código Penal del Estado para tipificar penalmente a quienes colaboren, auxilien o provean información confidencial para asaltar a usuarios de servicios financieros.
Esta reforma busca frenar el «marcaje», una práctica donde empleados bancarios o guardias de seguridad identifican a clientes que retiran grandes sumas de dinero para después delatarlos con delincuentes afuera de la sucursal.
- La sanción: De 3 a 8 años de prisión.
- Multa económica: De 150 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
- Jurisdicción: Aplicará si el atraco ocurre dentro de un radio de 500 metros a la redonda del banco.
Pena de cárcel contra los «montachoques»
Por otra parte, la legisladora propuso reformar el artículo 415 del Código Penal para tipificar la colisión vehicular simulada con fines de extorsión o fraude. El dictamen contempla penas de 2 a 8 años de prisión y multas de hasta mil UMA. Se estipularon agravantes si el delito se comete con violencia o contra sectores vulnerables como mujeres, adultos mayores, adolescentes y personas con discapacidad.
«Estas reformas buscan desactivar mafias que operan en la cotidianidad de las y los poblanos, afectando su patrimonio y su paz de manera directa», señaló Suriano Corrales.
Suspensión de elecciones por violencia
Finalmente, en materia política, Suriano Corrales impulsó cambios al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado. La iniciativa establece que, si un candidato es privado de la vida y el homicidio altera de forma determinante la equidad de la contienda, los comicios locales se suspenderán temporalmente hasta que las autoridades ministeriales esclarezcan el crimen, garantizando así la certeza jurídica del proceso.
