El gobierno de Puebla cerró filas con la administración federal en la investigación sobre una presunta “mafia electoral” vinculada con organismos comiciales, cuyas operaciones sumarían alrededor de 2 mil 740.3 millones de pesos durante 27 años, según información oficial.
Gobierno estatal pide revisar 180 mdp y reforzar controles
El coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, destacó que el gobernador Alejandro Armenta Mier respalda plenamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y la instrucción de esclarecer las contrataciones con al menos seis empresas asociadas a una misma estructura proveedora de servicios electorales.
García Parra subrayó que la red habría operado desde 1999, con un escándalo de 63.7 millones en el Estado de México en 2005 y adjudicaciones por más de 2 mil 94 millones entre 2015 y 2023, además de 646 millones entre 2024 y 2025.
Precisó que en Puebla se detectó contratos por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023 y 129.7 millones en 2024 y 2025, montos cuya revisión integral será acompañada por el gobierno estatal, sin vulnerar la autonomía del INE ni de los organismos públicos locales electorales.
Transparencia, licitaciones vigiladas y 315 funcionarios destituidos
El secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, informó que en Puebla se digitalizaron los registros de proveedores para eliminar el contacto directo, verificar la capacidad técnica y financiera, y reducir espacios de discrecionalidad y favoritismo en las licitaciones públicas.
Detalló que los órganos internos de control acompañan de forma permanente los procesos de contratación y supervisan el cumplimiento de obligaciones, lo que ha derivado en la separación de 315 funcionarios estatales. El gobierno de Armenta aseguró que estas acciones buscan blindar la elección del 6 de junio de 2027 y proteger los recursos públicos.
