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Reformas al Código Penal en Puebla refuerzan la protección de derechos y enfrentan delitos digitales sin restringir la libertad de expresión

Puebla, Pue. — En el marco del Foro de Ciberseguridad y Justicia Digital, diversas autoridades y especialistas coincidieron en que las reformas recientes al Código Penal del Estado fortalecen las herramientas legales para enfrentar delitos en el entorno digital, sin afectar el derecho a la libertad de expresión. La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, participó en el evento en el que se resaltó que la ley ahora contempla delitos como el ciberasedio, el hackeo y la suplantación de identidad, estableciendo un marco jurídico claro para su persecución.

El director general de Servicios Técnicos y Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Carlos Pérez Vallejo, afirmó que “la conducta que no se legisla se repite”, por lo que la normativa actual es fundamental para proteger a todas y todos, especialmente a periodistas y defensores de derechos humanos. Destacó que estas acciones contribuyen a reducir la impunidad y fortalecer la infraestructura jurídica que previene, detecta y sanciona crímenes digitales.

Por su parte, Gabriel Alonso de Haro López, de la Fiscalía General del Estado, explicó que antes de las reformas había vacíos que permitían la comisión de delitos sin que se tipificaran claramente, lo que generaba impunidad. Ahora, con los nuevos delitos, los Ministerios Públicos cuentan con herramientas precisas para investigar y sancionar, garantizando una aplicación efectiva de la ley.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Juan Jesús Gutiérrez Estrada, aclaró que el objetivo no es limitar la libertad de expresión, sino proteger a las víctimas y cumplir con el deber del Estado de garantizar justicia en el entorno digital.

En el foro participaron también representantes de la Universidad Iberoamericana, organizaciones de la sociedad civil, comunicadores y expertos en derecho, seguridad y derechos humanos, en un espacio que fortalece la colaboración para un marco legal justo y protectivo en Puebla.

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