CIUDAD DE PUEBLA, PUE. (16 de abril, 2026) — El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional la denominada Ley de Ciberasedio, es un reflejo del respeto y la autonomía que prevalece entre los Poderes del Estado. El mandatario señaló que este fallo confirma la solidez de las instituciones mexicanas y el funcionamiento efectivo de la división de poderes en el marco democrático actual.
Dinamismo del Marco Legal y Derechos Humanos
El titular del Ejecutivo subrayó que las determinaciones del máximo tribunal del país son parte natural de la dinámica jurídica nacional:
- Evolución Normativa: Las leyes son herramientas que pueden ser modificadas, derogadas o perfeccionadas para adaptarse a las necesidades de la sociedad.
- Prioridad Constitucional: Se enfatizó que cualquier norma debe estar alineada estrictamente al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la ciudadanía.
- Protección Ciudadana: Desde el ámbito constitucional, la prioridad absoluta debe ser velar por la protección de las y los mexicanos ante cualquier vacío o exceso normativo.
Experiencia Legislativa y Facultades del Congreso
Con base en su trayectoria de más de dos décadas en el ámbito legislativo, el gobernador compartió una reflexión sobre la naturaleza del trabajo parlamentario:
- Herramientas de Derecho: Las leyes deben ser vistas siempre como instrumentos orientados a garantizar y ampliar los derechos de la población, no a limitarlos.
- Responsabilidad Parlamentaria: Corresponde al Congreso ejercer su facultad de legislar con rigor, tomando las resoluciones judiciales como una oportunidad para perfeccionar el andamiaje legal del estado y el país.
- Actuación Institucional: El fallo de la SCJN es recibido como una validación de que en México existe un sistema de contrapesos funcional que garantiza que ninguna norma se sitúe por encima de la Constitución.
Fortalecimiento del Estado de Derecho
Para la administración estatal, esta resolución no representa un retroceso, sino una reafirmación del Estado de Derecho. El Gobierno de Puebla reiteró su compromiso de trabajar de la mano con los poderes Legislativo y Judicial, asegurando que las políticas públicas y las normativas locales se mantengan siempre dentro de los cauces de la legalidad y el beneficio social, fortaleciendo así la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
