Puebla, Pue. – Con el objetivo de integrar las voces y propuestas de las comunidades originarias al nuevo marco jurídico nacional, Puebla será sede de cuatro asambleas regionales del Proceso Nacional de Consulta Previa, Libre e Informada sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Esta acción es fruto de la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
El gobernador Alejandro Armenta Mier reafirma su compromiso con la preservación de la identidad, las lenguas originarias y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en sintonía con la política de la presidenta Claudia Sheinbaum. David Fernández Acosta, delegado del INPI en Puebla, calificó este proceso como histórico, pues surge de la reforma al artículo segundo constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho.
La iniciativa de Ley General busca fortalecer el reconocimiento, ampliar la participación política y establecer mecanismos efectivos para garantizar los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, mediante una legislación construida con su participación directa. El proyecto, elaborado a partir de 148 reuniones de trabajo y la participación de 35 dependencias federales y especialistas, se integra por ocho libros que desarrollan derechos relacionados con autonomía, territorio, protección de mujeres, infancias, migrantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Apolinaria Martínez Arroyo, directora general del IPPI, destacó que Puebla es un estado orgullosamente pluricultural, con 1 millón 43 mil 116 personas indígenas y 615 mil 622 hablantes de lenguas indígenas. Las consultas se realizarán en:
- Tehuacán: 23 de agosto
- San Miguel Canoa: 28 de agosto
- Huauchinango: 29 de agosto
- San Miguel Tzinacapan (Cuetzalan del Progreso): 30 de agosto
Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos originarios, fortaleciendo su identidad y asegurando que su participación sea la base para construir políticas públicas incluyentes, justicia social y desarrollo en las comunidades indígenas y afromexicanas.
