La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega presentaron una iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado, con el objetivo de fortalecer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
La propuesta plantea que las personas indígenas involucradas en procedimientos judiciales cuenten con asistencia de intérpretes, traductores y defensores que conozcan su lengua y cultura, a fin de garantizar mejores condiciones para acceder a la justicia.
Plantean servicios de interpretación y traducción
La iniciativa también propone que el Estado y los municipios adopten medidas para facilitar la comunicación entre las personas indígenas y las autoridades. Entre ellas, contempla servicios de interpretación y traducción, así como formatos cultural y lingüísticamente adecuados, conforme a lo que establezca la ley.
Martínez Ayala y Lozada Ortega señalaron que el reconocimiento jurídico de las lenguas indígenas es fundamental, pero consideraron necesario avanzar hacia su accesibilidad efectiva en los trámites y servicios públicos.
Explicaron que las barreras lingüísticas pueden limitar el acceso a la justicia, la información, los servicios gubernamentales y otros derechos, por lo que resulta importante establecer mecanismos que permitan una comunicación adecuada entre las comunidades y las instituciones.
Buscan fortalecer la inclusión y la igualdad
La propuesta legislativa busca que los espacios, servicios, programas y políticas públicas se diseñen desde su origen con un enfoque de inclusión y accesibilidad, con la finalidad de reducir obstáculos y favorecer condiciones más equitativas.
Con esta reforma, los legisladores plantean avanzar hacia la igualdad sustantiva para los pueblos y comunidades indígenas, mediante medidas que consideren sus particularidades lingüísticas y culturales en la atención institucional.
La iniciativa establece así la importancia de que las garantías reconocidas en el marco jurídico puedan ejercerse de manera efectiva, especialmente cuando el desconocimiento de la lengua utilizada por las autoridades representa una dificultad para comprender procedimientos, solicitar servicios o hacer valer derechos.
