Congreso del Estado recibe iniciativas para garantizar derechos de grupos vulnerables y fortalecer la justicia, el bienestar animal y la protección del trabajo humano
PUEBLA, Pue.- El diputado Roberto Zataráin Leal presentó una iniciativa para reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a fin de garantizar una valoración médica integral anual a todas las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios del país.
Derecho a una revisión médica integral y periódica en los penales
La propuesta plantea que la Autoridad Penitenciaria, en coordinación con la Secretaría de Salud federal, sus homólogas estatales y las instituciones del Sistema Nacional de Salud con las que existan convenios, ofrezca y practique, con consentimiento informado, una revisión integral cada 12 meses, contados desde el examen psicofísico de ingreso.
Dicha valoración considerará edad, sexo, factores de riesgo y antecedentes clínicos, e incluirá exploración física, registro de signos vitales, peso, talla e índice de masa corporal, detección de enfermedades crónicas y crónico‑degenerativas, salud bucal, salud mental, consumo problemático de sustancias y diagnóstico oportuno de enfermedades transmisibles, entre otros componentes. La propuesta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Agenda legislativa: inclusión, migración, bienestar animal y trabajo ante la IA
En la misma sesión, el diputado Miguel Márquez Ríos propuso reformar la Ley del Escudo y el Himno para garantizar la interpretación simultánea del Himno al Estado de Puebla en Lengua de Señas Mexicana y asegurar accesibilidad en transmisiones audiovisuales, fortaleciendo los derechos de la comunidad sorda.
Asimismo, la diputada Delfina Pozos Vergara planteó reformas constitucionales para reconocer a las personas migrantes en retorno como grupo de atención prioritaria, con políticas públicas que garanticen acceso a salud, educación, empleo, vivienda, asistencia social y acompañamiento jurídico y administrativo.
El diputado Óscar Mauricio Céspedes propuso que el Centro Estatal de Convivencia Familiar Supervisada cuente con personal en psicología con al menos cinco años de experiencia, mientras que la diputada Susana Riestra impulsó protección jurídica a personas defensoras de los animales y del medio ambiente.
Finalmente, se dio cuenta de iniciativas para proteger a personas adultas mayores, fortalecer la movilidad segura, profesionalizar la atención municipal a mujeres víctimas de violencia y salvaguardar la primacía del trabajo humano frente a la automatización y la inteligencia artificial.
