En el Congreso local, las diputadas Nay Salvatori y Laura Artemisa García Chávez, junto con representantes de organizaciones civiles, presentaron una iniciativa orientada a fortalecer la atención médica para mujeres que decidan interrumpir su embarazo y a consolidar el reconocimiento social del aborto como un derecho de salud.
El planteamiento central es que la objeción de conciencia no pueda utilizarse como impedimento en casos de emergencia, cuando la vida o la integridad de una paciente se encuentre en riesgo.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud estatal, entre enero y abril de este año se realizaron mil 579 interrupciones del embarazo en Puebla, lo que equivale a un promedio diario de 13.1 procedimientos.
El proyecto considera instalar buzones de denuncia en hospitales y clínicas, con el fin de monitorear posibles casos de violencia obstétrica y garantizar una atención respetuosa y digna.
La iniciativa cuenta con el respaldo de colectivos, quienes coincidieron en que este avance es clave para consolidar políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos.
