PUEBLA, Pue. — Para garantizar la integridad de quienes reciben tratamiento en centros de rehabilitación, la diputada Ana Lilia Tepole Armenta presentó una iniciativa para reformar el artículo 36 de la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Puebla.
La propuesta obliga a establecimientos públicos, sociales y privados —incluidas casas de medio día e instituciones de tratamiento residencial— a salvaguardar la vida, libertad y dignidad de las personas usuarias. Asimismo, establece que los responsables de dichos centros deberán notificar de inmediato a las autoridades cuando tengan conocimiento de un probable delito y facilitar el desarrollo de las investigaciones correspondientes.
La legisladora subrayó que esta medida busca asegurar que los procesos de rehabilitación operen bajo esquemas de estricta legalidad, respeto a los derechos humanos y cooperación con la justicia, evitando que las instalaciones sirvan como refugio o encubrimiento de irregularidades.
