Puebla, Pue. – En la sesión de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el encargado de despacho, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, dio a conocer el Plan Anual de Auditorías para 2025, que contempla el proceso de fiscalización de 325 entidades en el estado. Entre estas se encuentran 3 poderes, 5 órganos autónomos, 66 entidades paraestatales, 217 ayuntamientos, 9 entidades paramunicipales y 25 Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado.
El plan establece tres modelos principales de auditorías: cumplimiento financiero, auditorías especiales de desempeño y auditorías forenses en casos particulares, con un promedio de 20 procedimientos de fiscalización. Además, se incluyen elementos clave como la cobertura de sujetos a revisión, tipos de auditorías a aplicar y la cantidad de procesos previstos para fortalecer la rendición de cuentas y combatir la corrupción en la gestión pública del estado.
Durante la discusión, diputadas y diputados resaltaron diferentes aspectos del plan. La diputada Delfina Pozos Vergara destacó la importancia de auditar al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla, mientras que el diputado José Miguel Trujillo de Ita revisó de manera exhaustiva la certificación de los auditores externos. Asimismo, el diputado Marcos Castro Martínez solicitó que se revisen los mecanismos de retroalimentación a los alcaldes en las evaluaciones de desempeño para mejorar el servicio público.
Por su parte, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza reconoció la labor de la ASE y reiteró la disposición de la Comisión para ser puente entre el Congreso y los presidentes municipales, asegurando una correcta gestión de las cuentas públicas.
En la misma sesión, la Comisión de Grupos Vulnerables aprobó declarar improcedentes cinco iniciativas presentadas en legislaturas anteriores en materia de asistencia social y protección a adultos mayores, al considerarlas ya legisladas. Igualmente, la Comisión de Juventud y Deporte dejó sin efecto otras cinco propuestas de ley, considerando que sus contenidos ya están contemplados dentro de otros ordenamientos vigentes en la entidad.
