Con el firme propósito de fortalecer la colaboración interinstitucional en beneficio de las personas migrantes repatriadas originarias del municipio de Puebla, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por Pepe Chedraui Budib, ha firmado un convenio específico de colaboración con el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM). Este acuerdo, promovido a través de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, busca ofrecer herramientas que impulsen la integración social y económica de quienes han retornado al país, facilitando su acceso a diversos programas y apoyos dirigidos a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Carlos Gómez Tepoz, secretario de Bienestar y Participación Ciudadana, destacó la importancia de responder a la nueva realidad que enfrentan los migrantes poblanos en Estados Unidos y subrayó que el Gobierno de la Ciudad ha actuado con responsabilidad en la defensa de sus derechos. Actualmente, se tiene un registro de 354 migrantes retornados en Puebla capital, lo que ha motivado a las autoridades a iniciar gestiones para ofrecer atención integral acorde a sus necesidades.
Por su parte, Felipe David Espinoza Rodríguez, director general del IPAM, resaltó el impacto positivo de los migrantes en la economía del estado, señalando que Puebla recibe cerca de 2,500 millones de dólares anuales en remesas. En el marco de programas como Bienvenido Poblano y México Te Abraza, mencionó que los tres niveles de gobierno han trabajado juntos para brindar apoyo a los migrantes, abarcando las 27 regiones del estado con el respaldo de los ayuntamientos.
Como parte del convenio, el IPAM compartirá el padrón de beneficiarios del programa «Emprendiendo Sin Fronteras», brindando a los migrantes la oportunidad de acceder a apoyo y programas necesarios para su reintegración. Además, el IPAM se sumará de manera permanente a las Jornadas Imparables, una iniciativa destinada a proporcionar atención integral a migrantes y sus familias, promoviendo su sentido de pertenencia.
Un ejemplo del impacto de este convenio es el caso de Soledad Sánchez Barrero, una migrante retornada que recibió una constancia de identidad, facilitando la obtención de documentos oficiales esenciales. La firma de este convenio, que también contó con la participación de diversos funcionarios y líderes comunitarios, representa un avance significativo hacia una política pública más inclusiva y humana, que reconoce a los migrantes como partes fundamentales de la sociedad y promueve su bienestar en el proceso de retorno.