La administración estadounidense busca extender su campaña contra el narcotráfico de las vías marítimas a operaciones terrestres en territorio latinoamericano. Tras realizar decenas de ataques a embarcaciones que dejaron cientos de víctimas mortales en aguas del Caribe y del Pacífico, la estrategia apunta a desplegar fuerzas en tierra mediante acuerdos bilaterales.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que países como Colombia, Guatemala y Honduras aceptaron realizar misiones militares conjuntas, sumándose al esquema que opera en Ecuador desde marzo. No obstante, el gobierno de Guatemala desmintió públicamente la existencia de dicho pacto, argumentando que una medida de esa índole requiere aprobación legislativa.
El plan forma parte de un enfoque más intervencionista en la región, que incluye la clasificación de 20 organizaciones criminales como grupos terroristas extranjeros. Por su parte, naciones como México han reiterado su negativa a permitir la intervención de tropas extranjeras en su territorio, priorizando la soberanía nacional frente a las presiones de Washington.
Analistas internacionales advierten sobre los riesgos de este despliegue, señalando la posibilidad de bajas civiles y el descontento social ante la cesión de soberanía, especialmente en zonas donde los grupos armados conviven de cerca con la población local.
