Ciudad de México — El gobierno de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reforzó su estrategia nacional para combatir el delito de extorsión. En los últimos días, se lograron importantes detenciones en diferentes estados, además de acciones de control y monitoreo que buscan proteger a las familias que trabajan en negocios, tierra y transporte.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal Díaz Ordaz y el secretario García Harfuch destacaron que en la actual administración se han detenido aproximadamente 16,000 personas relacionadas con delitos de alto impacto, incluyendo varias por extorsión. En las acciones más recientes, en colaboración con autoridades locales, se aseguraron a tres personas en Michoacán y cuatro en la Ciudad de México, relacionadas con cobros ilegales a productores agrícolas y comerciantes.
El operativo más destacado ocurrió en Tijuana, Baja California, donde se arrestó a un grupo que cobraba cuotas a productores y comerciantes, asegurando 100 mil pesos, volantes con amenazas y dos vehículos. En otro caso, en Michoacán, fueron detenidos Cirilo “N” y Servando “N”, por extorsión agravada vinculada con cuotas a productores de limón, mientras que en Apatzingán se aprehendió a Gerardo “N” y Joana “N”, vinculados también a extorsiones, secuestros y homicidios. En la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, fue detenido Manuel “N”, objetivo prioritario por extorsión y homicidio, y en Jalisco cayó Alfredo “N”, vinculado a narcotráfico, armas, homicidio, secuestro y extorsión en varios municipios del suroeste Zacatecano.
El secretario García Harfuch resaltó que las denuncias ciudadanas son fundamentales para estos operativos. Desde marzo, el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que tiene presencia en 20 estados, ha canalizado más de 60 reportes de secuestro y extorsión, permitiendo salvar vidas y proteger a muchas familias.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales y la sociedad civil para reducir la incidencia delictiva en el país, proteger a las familias trabajadoras y fortalecer la paz social en todo México.
