Lima. — En un acto sin precedentes en la historia diplomática de ambos países, Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones con México, acusando al gobierno mexicano de intervencionismo y de violar su soberanía tras conceder asilo diplomático a Betssy Chávez, ex ministra peruana en el ex gobierno de Pedro Castillo. La decisión fue confirmada mediante un comunicado de la cancillería peruana, que considera la acción mexicana como “una injerencia inaceptable” y un acto que vulnera los principios del derecho internacional y la no intervención en asuntos internos.
El gobierno peruano afirma que Chile no solo ha establecido un plazo perentorio para que la encargada de la embajada en Lima, Karla Ornela, abandone el país, sino que también ha señalado que esta medida responde a las constantes denuncias por presiones y acciones que, en su opinión, buscan desestabilizar y menoscabar la autoridad del Estado peruano. “Estas acciones revelan una injerencia sistemática en nuestros asuntos internos, en clara violación de la soberanía nacional”, señala la nota oficial.
El conflicto se recrudeció días después de que el gobierno de Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso bajo acusaciones de incapacidad moral, en un proceso que la oposición y gran parte del pueblo consideran un golpe de Estado. La crisis política se agravó con la salida de Castillo a México, donde permanecen su esposa e hijos en condición de asilados, y en donde las autoridades mexicanas se han mostrado públicamente solidarias con el expresidente peruano y con su familia.
Desde la salida de Castillo, las acusaciones mutuas han ido en aumento: Perú denuncia la supuesta “intervención” del gobierno de López Obrador y ahora de la administración de Claudia Sheinbaum, tras la decisión de brindar protección a los exfuncionarios peruanos en México. La cancillería peruana advirtió que las acciones del gobierno mexicano representan un “acto poco amistoso” y una violación del principio de no intervención, además de poner en riesgo los vínculos diplomáticos y la cooperación regional.
Por su parte, el gobierno peruano afirmó que mantendrá las relaciones diplomáticas “en agenda de reparación” y que, en tanto, las relaciones consulares —que garantizan la protección de los nacionales— seguirán en marcha. Sin embargo, la ruptura diplomática complica las relaciones bilaterales, afectando la cooperación en temas de seguridad, economía y derechos humanos y escalando una crisis que refleja la polarización política y la lucha por la soberanía en ambos países.
Mientras tanto, en México, las autoridades y el gobierno han reiterado que la protección de los exfuncionarios y familiares de Pedro Castillo en México responde a la protección del derecho a la vida y la protección internacional, sin que ello implique injerencias en los asuntos internos del Perú. La situación sigue en desarrollo, en un escenario de alta tensión diplomática y política en la región latinoamericana.
