Jefferson City, Mo. — La administración del presidente Donald Trump ha lanzado una ofensiva para que los gobiernos estatales repliquen su esquema de recortes tributarios, instando a las legislaturas locales a exentar de impuestos las propinas, el pago de horas extra y los intereses de préstamos automotrices.
Este llamado coloca a los legisladores en una encrucijada de cara al inicio de las sesiones en enero. La Ley federal, firmada el 4 de julio, contempla un alivio fiscal de 4.5 billones de dólares durante la próxima década. Incluye deducciones para adultos mayores, incentivos para equipo empresarial y el aumento del límite de deducciones estatales (SALT) de 10 mil a 40 mil dólares.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, exigió a los estados «cumplir de inmediato», acusando de obstruccionismo a quienes dudan en adoptar la medida. Sin embargo, la implementación no es sencilla: en muchas entidades, las leyes locales no se alinean automáticamente con las federales. Si los congresos estatales no actúan con rapidez para actualizar sus códigos fiscales para el ciclo 2025, los trabajadores enfrentarán una disparidad: sus ingresos estarán libres de gravamen federal, pero seguirán pagando impuestos estatales.
El dilema es financiero. Adoptar estos recortes podría significar ahorros millonarios para los ciudadanos, pero representa un duro golpe a las arcas estatales, que ya enfrentan mayores costos operativos en programas como Medicaid y SNAP.
Expertos como Carl Davis y Jared Walczak, de la Tax Foundation, advierten sobre el escepticismo generalizado. Señalan que los legisladores deben evaluar si el costo para el erario vale la pena, dado que las reglas propuestas por el IRS podrían dejar fuera a numerosos trabajadores de bajos ingresos, limitando el alcance real del beneficio.
