CIUDAD DE PUEBLA, PUE.- Ante el aumento de casos de despojo inmobiliario, el Gobierno del Estado de Puebla presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma para reforzar el marco legal y aplicar sanciones más severas a quienes incurran en este delito, dio a conocer el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra. Esta problemática afecta principalmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y comunidades indígenas.
El funcionario detalló que la propuesta contempla el incremento de las penas privativas de la libertad y de las sanciones económicas. En este sentido, la pena pasaría de 6 a 12 años de prisión, mientras que las multas irían de 100 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
Asimismo, la reforma plantea castigos más estrictos para quienes financien o actúen como autores intelectuales de este tipo de actos ilícitos, con sanciones que van de 7 a 15 años de cárcel y multas que oscilan entre mil y 3 mil UMAS. “Es necesario frenar la corrupción. Ahora el análisis corresponde a las y los legisladores, quienes determinarán el curso de esta iniciativa”, señaló García Parra.
El objetivo central de la propuesta es frenar la comercialización ilegal de terrenos, la lotificación irregular y la especulación inmobiliaria derivada del despojo de propiedades, prácticas en las que, en algunos casos, participan de manera dolosa notarios públicos. La sanción se incrementará hasta en una tercera parte cuando el delito tenga fines de lucro.
De igual manera, las penas aumentarán si se emplean documentos falsificados, se registran actos simulados ante el Registro Público de la Propiedad o existe participación indebida de notarios para facilitar u ocultar el delito.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Puebla busca proteger el patrimonio de las familias, fortalecer la legalidad y garantizar los derechos de los sectores más vulnerables, además de consolidar un marco jurídico más sólido para combatir el despojo inmobiliario.
GOBIERNO DE PUEBLA PLANTEA AL CONGRESO ENDURECER CASTIGOS POR DESPOJO INMOBILIARIO










