La administración estatal encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en colaboración con la Auditoría Superior de la Federación, llevó a cabo el evento “Responsabilidades para los Servidores Públicos desde la Perspectiva de la Fiscalización Superior”. Este encuentro estuvo dirigido a los Órganos Internos de Control (OIC) de todas las dependencias gubernamentales del estado.
El propósito principal del evento fue establecer y llevar a cabo estrategias integrales de comunicación y coordinación con los OIC, fortaleciendo así la colaboración institucional y asegurando un cumplimiento riguroso del debido proceso en la investigación de faltas administrativas no graves. La iniciativa busca garantizar la transparencia, eficiencia y alineación con los marcos normativos aplicables en Puebla.
Durante su intervención, el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, destacó la importancia de actuar con integridad. “La intención y la instrucción del gobernador es poner orden. La confianza que está depositada en cada uno de ustedes, hombres y mujeres que integran esta dependencia, es para que hagamos nuestro trabajo con estricto apego a la norma y la legalidad, con un alto sentido de ética”, afirmó ante los asistentes, resaltando el papel clave que desempeñan en la corrección y prevención de actos indebidos.
El evento incluyó intervenciones significativas, como la del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Víctor Manuel Andrade Martínez, quien abordó las “Responsabilidades para los Servidores Públicos desde la Perspectiva de la Fiscalización”. Posteriormente, el magistrado Raúl Palomares Palomino, integrante de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Poder Judicial del Estado de Puebla, presentó el tema del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, aportando un marco legal que refuerza estas prácticas.
El fortalecimiento de estas estrategias es fundamental para prevenir y detectar de manera oportuna posibles irregularidades, facilitando la aplicación rigurosa de las normativas. Esto no solo impulsa una cultura de integridad y responsabilidad dentro de la administración pública, sino que también se traduce en una mayor transparencia, optimización en el uso de recursos y refuerzo de la rendición de cuentas.
El compromiso del gobierno de Puebla con estos principios es esencial para consolidar la confianza ciudadana en la gestión pública, asegurando que la actuación de los servidores públicos esté alineada con los mejores estándares de ética y responsabilidad. Este tipo de iniciativas son cruciales para la construcción de un gobierno sólido y transparente que responda de manera efectiva a las necesidades de la población.
