CIUDAD DE MÉXICO (04 de febrero, 2026) – La Secretaría de Economía reafirmó su compromiso de combate frontal contra el comercio ilegal, la informalidad, el contrabando y la piratería. A través de una estrategia transversal que coordina a dependencias federales, gobiernos estatales y sectores productivos, el Gobierno de México busca proteger la producción nacional, las cadenas de valor y los derechos del consumidor.
Acciones clave de la estrategia
La dependencia detalló las medidas que ya se encuentran en marcha para fortalecer la industria formal:
- Protección a Sectores Estratégicos: Medidas específicas para blindar a las industrias del textil, calzado, acero y azúcar.
- Operativos y Vigilancia: Ejecución de decomisos de mercancía ilegal y reforzamiento de los controles aduanales.
- Observatorio de Datos: Avances en la creación de un observatorio que integrará información del sector privado para detectar irregularidades en tiempo real.
- Mesas Interinstitucionales: Espacios de trabajo para corregir efectos no previstos de políticas públicas que pudieran favorecer la informalidad.
Colaboración Público-Privada: Foro sobre Combate al Comercio Ilícito
Durante un foro organizado en conjunto con el Council of the Americas, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales, encabezó el diálogo con representantes de los sectores más afectados, incluyendo el tabaco, bebidas alcohólicas, farmacéutico y manufacturas.
Los participantes coincidieron en tres ejes de acción inmediata:
- Trazabilidad: Fortalecer los sistemas que permiten rastrear el origen y destino de los productos.
- Aplicación de la Ley: Mejorar la detección y sanción efectiva de delitos comerciales.
- Control Sanitario: La COFEPRIS presentó un nuevo modelo de gestión para productos de alto riesgo, utilizando herramientas digitales y criterios técnicos homologados para reforzar la vigilancia.
Compromiso de Estado
El encuentro contó con la participación de instituciones clave como la Secretaría de Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las autoridades manifestaron su disposición de mantener una política de «tolerancia cero» y trabajar de la mano con las empresas mediante el intercambio de información y la mejora regulatoria para erradicar las prácticas que dañan la economía nacional.
