En respuesta al incremento en el número de procedimientos estéticos en menores de edad y tras un caso lamentable en Durango, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jimmy Natale, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud y al Código Penal del Estado de Puebla para prohibir las cirugías plásticas en menores de 18 años, a menos que sean de carácter reconstructivo y con fines de salud.
La propuesta busca garantizar la protección física y emocional de la niñez y juventud, además de reducir los riesgos y evitar tragedias como la ocurrida en Durango, donde una adolescente de 14 años perdió la vida presuntamente por negligencia médica durante una cirugía estética. La iniciativa también recomienda fortalecer las campañas preventivas dirigidas a médicos, hospitales y la población en general, resaltando los riesgos asociados a estas intervenciones sin la supervisión adecuada.
El legislador explicó que, en México, el país con uno de los mayores registros de cirugías estéticas a nivel mundial, la influencia de las redes sociales, los bajos costos y la creciente presión social han normalizado esta práctica entre adolescentes, aumentando exponencialmente su ocurrencia en los últimos años. “Es necesario establecer límites claros y garantizar que las intervenciones sean solo por motivos de salud, derechos que también protegen la integridad física y emocional de las y los menores”, afirmó Natale.
La iniciativa contempla sanciones penales severas a quienes incumplan la prohibición y reformas que obliguen a los profesionales a priorizar la salud mental y física de los pacientes jóvenes, además de promover la conciencia social sobre los peligros de estas cirugías sin una evaluación rigurosa y sin un marco legal que las regule.
Este pronunciamiento busca sentar un precedente en Puebla para frenar la expansión de estas prácticas que ponen en riesgo la vida y el bienestar psicológico de la población infantil y adolescente. La propuesta, que ya genera debate en el ámbito social y profesional, intenta crear un marco legal que priorice la protección integral y responsable de las nuevas generaciones, respondiendo a las crecientes demandas sociales de una infancia sana y protegida en todos los ámbitos.
