Puebla, Pue., 3 de agosto de 2025 — El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que la construcción del nuevo Centro de Reinserción Social (Cereso) en San Pedro Cholula no comenzará hasta que el Ayuntamiento de Tonantzin Fernández identifique un terreno adecuado y exista un consenso social sobre el lugar definitivo. En declaraciones recientes, el mandatario estatal destacó que esta obra es una necesidad social, dado que actualmente el único penal de esta zona se encuentra en condiciones que dificultan su operatividad y generan incomodidad entre la población local.
El gobernador subrayó que, aunque el proyecto tiene la finalidad de atender una demanda real en materia de justicia y seguridad, es indispensable llegar a acuerdos y garantizar la aceptación de todos los involucrados. “El predio que propuso el Ayuntamiento no cuenta con la aprobación de todos los ciudadanos, y por ello, no se iniciará con el proyecto hasta lograr una conciliación amplia”, remarcó.
Armenta se enfatizó en que su gobierno está abierto al diálogo y busca promover un esquema de consenso en el que las comunidades, autoridades y grupos sociales expresan sus inquietudes para definir escenarios en los que se garantiza la seguridad y el bienestar social sin afectar intereses locales ni ambientales. La prioridad es conciliar y seleccionar el lugar que cumpla con todos los requisitos legales y sociales.
En otros temas, el mandatario criticó la oposición de ciertos pseudoambientalistas a las obras de transformación de residuos en Cholula, en específico, la conversión del relleno sanitario en un Centro de Transformación de Residuos. Señaló que estas posturas no buscan el bienestar común, sino intereses particulares que ponen en riesgo proyectos que benefician la salud pública y la protección del entorno. Armenta reiteró que su gobierno trabaja en favor del desarrollo sustentable y que estas obras son fundamentales para reducir riesgos ambientales. Finalmente, el gobernador reafirmó que comenzará facilitando el diálogo abierto y respetuoso para avanzar en proyectos estratégicos que fortalezcan el estado de derecho, la seguridad y la protección ambiental, siempre priorizando la voluntad de la ciudadanía y la legalidad vigente.
