La diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para fortalecer los derechos de las víctimas de delitos que reciben atención en hospitales públicos, especialmente cuando sus condiciones de salud dificultan acudir oportunamente a las instituciones de procuración de justicia.
La propuesta plantea adicionar el artículo 26 Bis a la Ley de Víctimas del Estado de Puebla, con el propósito de establecer mecanismos de coordinación entre las unidades médicas y las autoridades responsables de brindar atención y acompañamiento jurídico.
Plantean informar a las víctimas sobre sus derechos
De acuerdo con la iniciativa, cuando una institución pública de salud identifique que el ingreso de una persona deriva de un hecho probablemente constitutivo de delito, deberá proporcionarle información clara, accesible y oportuna sobre sus derechos, una vez que su condición médica haya sido estabilizada.
Además, las unidades de salud podrán coordinarse con las autoridades competentes para facilitar el acceso a la justicia, la asesoría jurídica y las medidas de ayuda inmediata, siempre que exista consentimiento de la víctima o se actualicen los supuestos establecidos en la legislación aplicable.
La legisladora establece que estas acciones deberán respetar la voluntad de las personas afectadas, así como la confidencialidad de la información y la protección de sus datos personales, sin interferir en los servicios médicos.
Buscan fortalecer la coordinación institucional
En la exposición de motivos, Celestino Rosas señala que la legislación estatal ya contempla medidas de ayuda inmediata y reconoce la importancia de la colaboración entre instituciones para atender a las víctimas.
Sin embargo, considera que todavía hace falta un mecanismo específico que vincule la atención hospitalaria con los servicios de procuración de justicia desde el momento en que una persona ingresa por lesiones relacionadas con un posible delito.
La iniciativa busca que la atención médica no sea el único servicio al que puedan acceder las personas afectadas durante las primeras etapas posteriores a una agresión o hecho delictivo.
También pretende facilitar la orientación jurídica, las medidas de protección y otras acciones de atención integral, mediante una comunicación oportuna entre hospitales públicos y autoridades competentes.
Con esta modificación, la diputada propone incorporar una ruta de atención que permita identificar las necesidades de las víctimas durante su estancia hospitalaria, sin condicionar ni retrasar los procedimientos necesarios para proteger su salud.
