La diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó dos iniciativas ante el Congreso de Puebla: una para crear el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias y otra para reactivar el seguro de vida de las personas servidoras públicas del Gobierno estatal.
Durante una rueda de prensa, explicó que la primera propuesta busca identificar a quienes incumplen con el pago de pensiones alimentarias y fortalecer la protección del derecho a recibir alimentos de niñas, niños y adolescentes.
La legisladora señaló que, aunque existen restricciones para que las personas deudoras alimentarias participen en determinados procesos de selección de candidaturas, las autoridades no siempre cuentan con información completa al momento de revisar los registros.
Registro incluiría adeudos y datos judiciales
La iniciativa plantea que la Procurara de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes participe en la operación del padrón y emita los lineamientos correspondientes. Las autoridades judiciales deberán remitir mensualmente información sobre las personas deudoras.
El registro contendría el nombre de quien incumple con sus obligaciones, las iniciales de la persona acreedora, los datos del expediente y el monto pendiente de pago. También se coordinaría con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, bajo las disposiciones de protección de datos personales.
Cuando el adeudo quede cubierto, la autoridad judicial competente cancelaría el registro de oficio, siempre que no exista una oposición fundada de la persona acreedora.
Plantea seguro de vida para trabajadores estatales
La segunda propuesta busca actualizar la legislación de 1991 y reactivar el seguro de vida para el personal del Gobierno de Puebla, una prestación que, de acuerdo con la exposición de motivos, lleva años sin aplicarse efectivamente.
El proyecto contempla una cobertura obligatoria de 40 mil pesos, financiada mediante aportaciones quincenales de 15 pesos descontadas vía nómina. Los trabajadores podrían designar y modificar a sus beneficiarios mediante una póliza por duplicado.
El plazo para reclamar el seguro sería de tres años a partir del fallecimiento o de la determinación de incapacidad del trabajador. Además, una Junta integrada por representantes de los tres poderes estatales y organizaciones laborales administraría el fondo.
La iniciativa también propone permitir que las personas pensionistas conserven la prestación, siempre que continúen realizando sus aportaciones. Ambas propuestas fueron presentadas por la legisladora como parte de su agenda ante el Congreso local.
