El Gobierno de México destinará 900 millones de pesos al fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa, mediante la instalación del C4 Carretero y la entrega de equipamiento para las corporaciones estatales y municipales, como parte de la estrategia instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acudieron a la entidad para evaluar los avances de las acciones y reforzar las operaciones contra los grupos criminales.
C4 Carretero tendrá 720 cámaras de vigilancia
El proyecto contempla la vigilancia de 250 kilómetros del corredor Culiacán-Mazatlán-Durango, mediante la instalación de 240 Puntos de Monitoreo Inteligente, 720 cámaras y 30 arcos lectores de placas.
De acuerdo con lo anunciado, el sistema permitirá ampliar las capacidades de supervisión y respuesta de las autoridades en esta vía de comunicación. Su entrada en funcionamiento está programada para el próximo 15 de diciembre.
Como parte del reforzamiento, la Defensa aportó 80 vehículos, entre patrullas y unidades blindadas, mientras que la SSPC entregará 200 unidades adicionales, entre camionetas, vehículos tácticos blindados y motocicletas, además de radios de comunicación.
La totalidad del equipamiento destinado a las corporaciones de seguridad de Sinaloa deberá entregarse también el 15 de diciembre, según lo informado por las autoridades federales.
Ampliarán inteligencia y operaciones contra grupos criminales
El plan incluye el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Estatal de Sinaloa y de las corporaciones municipales de Culiacán y Mazatlán, así como la incorporación de nuevas células especializadas en inteligencia e investigación, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia.
Durante la visita también se firmaron convenios de colaboración con la gobernadora Graciela Domínguez Nava, enfocados en capacitación, inteligencia y fortalecimiento operativo.
El Gabinete de Seguridad federal señaló que mantendrá y ampliará su presencia en Sinaloa para continuar las acciones dirigidas a desarticular estructuras criminales y reducir la violencia, mediante la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
