El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, rechazó que la inhabilitación del exalcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez, obedezca a una persecución política y afirmó que deriva de procesos de fiscalización.
Recordó que, desde el inicio de la administración estatal encomendada por Alejandro Armenta, se hizo un llamado a expresidentes municipales para revisar el manejo de recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus obligaciones administrativas ante los órganos competentes.
Revisión de cuentas, no persecución, afirma el Gobierno
García Parra subrayó que estas revisiones no están dirigidas contra una persona en particular, sino que forman parte de los procedimientos de rendición de cuentas que deben atender a quienes estuvieron al frente de los ayuntamientos poblanos.
Precisó que la instrucción del actual gobierno ha sido revisada de manera sistemática las cuentas públicas de administraciones anteriores, con el fin de determinar posibles responsabilidades y garantizar el uso adecuado del erario en cada demarcación.
Rivera anuncia impugnación ante instancias correspondientes
Las declaraciones del funcionario estatal se dan luego de que Eduardo Rivera se hizo público que recibió una resolución no definitiva del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla, en la que se le señala por presunto abuso de funciones.
Rivera Pérez sostuvo que dicha resolución es parte de una estrategia en su contra y anunció que impugnará la determinación ante las instancias correspondientes, al considerar que existen elementos para revertir la sanción impuesta.
Frente a estos señalamientos, García Parra insistió en que los procedimientos responden a la dinámica institucional de revisión y no a motivaciones políticas, reiterando que todos los exalcaldes y exfuncionarios con cuentas en revisión deben atender los requerimientos legales.
