Certeza en sanciones y boletas de infracción
Con la finalidad de reforzar la legalidad, transparencia y certeza jurídica en materia de movilidad y seguridad vial, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla.
La propuesta plantea modificar el penúltimo párrafo del artículo 166 y agregar un segundo párrafo al 169, a fin de precisar los límites que deben observar las autoridades al fijar multas de tránsito y robustecer los requisitos de las infracciones.
Entre los cambios, se establece que las sanciones económicas impuestas por las autoridades municipales no podrán rebasar los montos máximos previstos en la legislación aplicable, evitando cobros discrecionales y otorgando mayor certidumbre a conductores y demás personas usuarias de la vía pública.
Transparencia en montos y fundamentos legales
Asimismo, se propone que las boletas de infracción detallen el fundamento legal de la sanción, el monto impuesto y los criterios considerados para su determinación, con el propósito de transparentar el proceso y facilitar la comprensión de cada resolución administrativa.
Las y los legisladores promoventes subrayaron que la seguridad vial exige autoridades con herramientas efectivas para prevenir conductas de riesgo, pero también que el ejercicio de sus facultades sancionadoras se mantenga bajo estrictos principios de legalidad, proporcionalidad, fundamentación y motivación.
Destacaron que la finalidad no es restringir la autonomía municipal, sino fijar reglas claras que permitan ejercer atribuciones dentro del marco normativo, al tiempo que se ofrece mayor protección y certidumbre jurídica a la ciudadanía frente a eventuales abusos o errores.
La iniciativa busca además facilitar que las personas conozcan con claridad las razones de una multa y cuenten con mejores condiciones para ejercer los medios de defensa previstos en la ley cuando consideren que una sanción es injustificada o incorrecta.
Con esta propuesta, Martínez y Lozada refrendan su compromiso con un marco jurídico que impulse la movilidad segura, actuación administrativa transparente y pleno respeto a los derechos de quienes transitan diariamente por las calles y carreteras del estado.
