David J. Rush, exfuncionario de alto nivel de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, se declaró culpable en Virginia por un esquema de fraude que provocó pérdidas millonarias al gobierno estadounidense.
El caso, revelado por la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, involucra recursos públicos, propiedades de lujo, vehículos, relojes y 298 lingotes de oro localizados durante un registro del FBI.
Fraude con recursos públicos y bienes de lujo
Rush, de 49 años y residente de Ashburn, presentó su declaración de culpabilidad el 6 de octubre de 2026, luego de una investigación interna iniciada por la propia CIA.
De acuerdo con las autoridades, el exfuncionario inventó autorizaciones gubernamentales y un supuesto programa de acceso especial para obtener fondos que fueron utilizados en beneficio propio.
El esquema ocasionó pérdidas aproximadas por 194 millones de dólares al gobierno estadounidense, mientras Rush ocupaba un cargo con autorización para manejar información altamente clasificada.
Durante un cateo realizado en mayo en su domicilio, agentes federales recuperaron 298 lingotes de oro cuya adquisición tuvo un costo cercano a 46 millones de dólares.
La cifra equivale aproximadamente a 826.5 millones de pesos mexicanos, lo que convirtió el hallazgo en uno de los elementos más relevantes dentro de la investigación federal.
Entregará oro, propiedades y vehículos.
La Fiscalía informó que Rush aceptó entregar los lingotes, dinero, inmuebles y otros bienes obtenidos mediante el esquema, entre ellos relojes de lujo y dos vehículos BMW Alpina.
El boletín oficial también señala que parte de su ascenso profesional se habría sustentado en declaraciones falsas relacionadas con sus estudios y experiencia militar.
El director de la CIA, John Ratcliffe, explicó que la agencia remitió el caso al FBI después de detectar irregularidades mediante una investigación interna.
La sentencia contra Rush está programada para el 28 de enero de 2027. El exfuncionario enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, aunque corresponderá al juez determinar la condena final.
El caso se suma a investigaciones recientes sobre uso indebido de recursos públicos y controles internos en instituciones de seguridad nacional de Estados Unidos.
