PUEBLA, Pue. — Con el objetivo de garantizar la subsistencia de menores de edad y personas con discapacidad que dependían económicamente de una persona fallecida a causa de un homicidio culposo, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Víctimas del Estado.
La propuesta establece que cuando un conductor en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias psicoactivas ocasione un accidente fatal, estará obligado a otorgar una prestación económica periódica a las víctimas indirectas. El monto, la duración y la forma de pago serán fijados por la autoridad judicial considerando las necesidades del dependiente y la capacidad financiera del sentenciado.
La iniciativa estipula que este apoyo económico se extenderá hasta la mayoría de edad, pudiendo prolongarse hasta los 25 años si el beneficiario cursa estudios profesionales o técnicos de manera continua. Para personas con discapacidad, la medida no tendrá límite de edad. Asimismo, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas brindará el acompañamiento jurídico necesario durante el proceso.
