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Congreso de Puebla impulsa agenda por el campo, pueblos indígenas e infraestructura; buscan preservar tradiciones textiles

Puebla, Pue. – La diputada Elisa Limon Balderrabano ha puesto de manifiesto una activa agenda legislativa, resultado de su trabajo en territorio y diálogo con la ciudadanía. En rueda de prensa, destacó la aprobación de cuatro puntos de acuerdo y la presentación de una iniciativa clave para fortalecer la participación de los pueblos indígenas.

Entre los acuerdos aprobados, sobresale el exhorto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado para fortalecer la regionalización productiva, actualizar estadísticas agrícolas y brindar asesoría comercial a los productores. Asimismo, se impulsó la capacitación, tecnificación y entrega de insumos a pequeños productores, considerando las características regionales, la agricultura de temporal y los efectos del cambio climático.

En materia de preservación cultural, la legisladora logró la aprobación de un exhorto para que la Secretaría de Arte y Cultura, en coordinación con el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, inicie el procedimiento para declarar la “Tradición Textil Ancestral del Pueblo Nahua de la Región Nororiental de Puebla” como Patrimonio Cultural Intangible del Estado.

Para mejorar la infraestructura regional, se aprobó un exhorto a la Secretaría de Infraestructura para realizar una revisión y diagnóstico técnico del tramo carretero que conecta a los municipios de Zautla, Xochiapulco y Zacapoaxtla, con miras a su rehabilitación y ampliación, incluyendo equipamiento urbano para mayor seguridad de peatones y usuarios.

Adicionalmente, la diputada Limon presentó una iniciativa para reformar diversas leyes orgánicas, con el objetivo de garantizar el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada de los pueblos y comunidades indígenas antes de que cualquier autoridad adopte acciones o reformas que afecten sus derechos, sistemas normativos, organización, identidad o patrimonio cultural. Esta propuesta busca asegurar la participación efectiva de las comunidades originarias en las decisiones que les atañen.

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