CIUDAD DE PUEBLA, PUE. (24 de marzo, 2026) — En un paso significativo hacia la consolidación de una democracia paritaria, el Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Gobierno Municipal de Puebla formalizaron una alianza estratégica para prevenir y atender la violencia política en razón de género. La firma de este convenio, realizada en el Salón de Protocolos del Palacio Municipal, establece un marco de colaboración interinstitucional orientado a garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos políticos en entornos seguros y libres de discriminación.
Objetivos Estratégicos de la Alianza
El convenio busca transformar la cultura política local mediante acciones concretas de sensibilización y protección:
- Capacitación Continua: Se implementarán programas de formación para servidoras y servidores públicos con el fin de identificar y erradicar conductas que limiten la participación femenina.
- Visibilización y Denuncia: La alianza facilitará mecanismos para denunciar actos de violencia política, promoviendo una gobernanza con enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva.
- Entornos Seguros: Ambas instituciones se comprometieron a diseñar protocolos que aseguren la integridad de las mujeres en la vida pública y electoral de la capital.
Autoridades Participantes
El acto fue encabezado por titulares de ambas instancias, reafirmando el compromiso político con la agenda de género:
- Blanca Yassahara Cruz García, Consejera Presidenta del IEE.
- José Chedraui Budib, Presidente Municipal de Puebla.
- Mónica Silva Ruiz, Síndica Municipal.
- Zaira González Gómez, Secretaria de las Mujeres.
- Germán Caporal Flores, Director de Derechos Humanos de la Sindicatura.
Hacia una Democracia Paritaria
Durante la ceremonia, realizada en el marco de las conmemoraciones del 8M, las autoridades coincidieron en que la coordinación institucional es la herramienta más eficaz para transformar la realidad social de las poblanas. El IEE enfatizó que la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y libertad no es solo una meta de justicia social, sino un requisito indispensable para la sostenibilidad democrática del estado.
