Washington (AP).– Los titulares de las agencias encargadas de ejecutar la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump comparecieron este martes ante el Congreso de Estados Unidos, donde enfrentaron cuestionamientos sobre la manera en que se están llevando a cabo los operativos de control migratorio dentro de ciudades estadounidenses.
La estrategia migratoria del gobierno federal ha sido objeto de un fuerte escrutinio en las últimas semanas, luego de que dos manifestantes murieran por disparos realizados por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) durante protestas en Minneapolis. A ello se suman críticas por una serie de políticas que, de acuerdo con organizaciones civiles y legisladores, vulneran derechos tanto de personas migrantes detenidas como de ciudadanos que protestan contra estas acciones.
Ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes comparecieron Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); Rodney Scott, titular de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); y Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Se trata de la primera ocasión en que los tres funcionarios rinden cuentas ante el Congreso desde que el Departamento de Seguridad Nacional recibió un aumento significativo de presupuesto el verano pasado y desde que se intensificaron las operaciones de control migratorio en todo el país. Su comparecencia ocurre en un contexto de disminución del respaldo público a la forma en que se está implementando la política migratoria impulsada por Trump.
Bajo el liderazgo de Lyons, ICE ha registrado un incremento considerable en la contratación de personal y en el despliegue de operativos reforzados en diversas ciudades, con el objetivo de aumentar los arrestos y deportaciones. Mientras tanto, en el Congreso persiste el debate sobre si el DHS debe recibir financiamiento sin imponer límites a la conducta de sus agentes.
Por su parte, la administración federal sostiene que son los activistas y manifestantes opositores a los operativos quienes han intensificado las agresiones contra los agentes, y no a la inversa. Asimismo, argumenta que las acciones de control migratorio contribuyen a la seguridad del país al localizar y expulsar a personas que han cometido delitos o representan una amenaza para la nación.
