San Miguel Xoxtla, Pue. — Con una inversión superior a 16 millones de pesos, el gobierno del estado de Puebla, en coordinación con las autoridades municipales, dio inicio oficial a los trabajos de construcción de un nuevo pozo de agua potable exclusivo para los habitantes de Xoxtla. Esta obra reafirma el compromiso de fortalecer el acceso equitativo y permanente al vital líquido en una región que durante años enfrentó el desabasto y la desigualdad en el servicio.
La obra contempla la instalación de una línea de conducción de seis pulgadas y 300 metros de longitud, además de un tanque elevado con capacidad de 50 mil litros, cuyo objetivo principal es mejorar de manera sustancial el abastecimiento en las viviendas y comercios de la comunidad. Sin embargo, su progreso se ha visto amenazado por un pequeño grupo de manifestantes, liderados por la regidora Aidee Pérez Marín, quienes intentaron obstaculizar el arranque de los trabajos en las últimas horas.
A la protesta se sumaron también Pascual Bermúdez Chantés, actualmente vinculado a proceso por daño a propiedad ajena y ataques a las vías de comunicación en el cierre de la autopista México-Puebla en 2024, además de su hermana Paola y su esposo Juan Pablo Pérez Marín, quienes expresaron su rechazo al proyecto argumentando que podría beneficiar a las industrias y no a las familias. Estos manifestantes mantienen reuniones en el domicilio de Bermúdez Chantés con representantes de la organización 28 de Octubre, vinculada a citas recientes con amenazas y presiones por parte de la Familia Michoacana para influir en el cobro del agua potable en el municipio.
Pese a estos obstáculos, el apoyo de la mayoría de los regidores en la sesión de Cabildo celebrada hoy fue contundente: con cinco votos a favor, tres en en contra y una abstención, se ratificó la continuidad del proyecto, en un acto que reafirma la legitimidad y la prioridad del fortalecimiento de la infraestructura hídrica en Xoxtla. La presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Pérez, reiteró que la obra es una acción del Gobierno del Estado, no del municipio, y que su finalidad es solucionar una necesidad real y urgente: garantizar agua potable suficiente, digna y accesible para todos.
Las autoridades municipales y estatales reiteraron que el trabajo no debe politizarse, y que la obra forma parte de un plan integral en favor del bienestar social. La coordinación entre ambas instancias continúa en pie para asegurar que se concluya esta infraestructura que beneficiará a miles de familias, promoviendo la justicia social, la sustentabilidad y la paz en la región.
